Hace quince
años, disgregaban al mundo enconadas polémicas sobre las estrategias de
desarrollo económico.
Los países
ricos respaldaban el “Consenso de Washington” y el “ajuste estructural”,
políticas aborrecidas por los países en desarrollo y duramente criticadas
por movimientos de la sociedad civil del mundo industrializado. Se
consideraba que las Naciones Unidas no tenían nada que decir sobre el tema
o, peor aún, que hablaban en defensa de gobiernos corruptos y
despilfarradores de países en desarrollo.
Hoy en día
es evidente que la situación ha cambiado. Las deliberaciones sobre políticas
de desarrollo, incluso entre los principales países industriales, se basan
en un amplio acuerdo entre los donantes y los receptores de la ayuda sobre
lo que deben hacer unos y otros para lograr el desarrollo. Tres importantes
reuniones internacionales —la Cumbre del Milenio celebrada por las Naciones
Unidas en 2000 y las conferencias que la Organización celebró dos años más
tarde en Monterrey, sobre la financiación para el desarrollo, y en
Johannesburgo, sobre el desarrollo sostenible— han promovido un admirable
consenso mundial sobre las formas de desarrollar las economías, aliviar la
pobreza y proteger el medio ambiente.
Los ocho
objetivos de desarrollo del Milenio, establecidos hace cuatro años, son los
baremos para medir el progreso en materia de desarrollo hasta 2015. Abarcan
el objetivo de reducir a la mitad el porcentaje de personas que padecen
pobreza extrema y hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover
la potenciación de la mujer y mejorar su condición jurídica y social,
reducir la mortalidad infantil y materna, poner freno a la propagación del
VIH/SIDA y el paludismo, hacer que todos los países adopten políticas
sostenibles desde los puntos de vista social y ambiental y —un objetivo de
importancia fundamental para que se logren los demás objetivos— establecer
una alianza mundial entre los países ricos y los países pobres, sobre la
base de mercados abiertos, el alivio de la deuda, las inversiones y una
ayuda financiera orientada con precisión.
Aún es muy
difícil predecir si alcanzaremos esos objetivos para 2015, especialmente en
el África subsahariana, donde se siguen necesitando esfuerzos mucho mayores,
tanto de los donantes como de muchos gobiernos del continente. No obstante,
en el afán de lograr un mundo más justo y más próspero, al menos hemos
llegado a un acuerdo sobre lo que hay que hacer.
Lamentablemente, aún no hemos llegado a un consenso similar sobre la forma
de lograr un mundo más seguro. A este respecto, la situación incluso
ha empeorado en los últimos años. El momento de solidaridad mundial contra
el terrorismo que
vivimos en 2001 se vio rápidamente sustituido por agrias polémicas sobre la
guerra del Iraq, que se revelaron síntomas de divisiones más profundas
acerca de interrogantes fundamentales, a saber: ¿Cuál es la mejor forma de
protegernos del terrorismo y de las armas de destrucción en masa? ¿Cuándo es
permisible el uso de la fuerza, y en quién ha de recaer la decisión? ¿Está
justificada en algunos casos la “guerra preventiva”, o se trata simplemente
de un acto de agresión con distinto nombre? Y por último, en un mundo que se
ha vuelto “unipolar”, ¿qué papel han de desempeñar las Naciones Unidas?
Estas
nuevas deliberaciones se sumaron a las que se habían iniciado en el decenio
de 1990 sobre otros temas: ¿Es la soberanía de los Estados un principio
absoluto o tiene acaso la comunidad internacional la obligación de prevenir
o resolver los conflictos intraestatales, especialmente cuando entrañan
actos de genocidio o atrocidades comparables?
Para
sugerir respuestas a estos interrogantes, hace un año nombré a un grupo de
16 distinguidos hombres y mujeres de todas partes del mundo y de distintos
ámbitos de especialización: político, militar, diplomático, económico,
social. Les pedí que evaluaran las amenazas a que se enfrentaba la humanidad
hoy en día y que recomendaran las formas en que debíamos cambiar, tanto en
el plano normativo como en el institucional, para afrontarlas.
Ayer [2 de
diciembre], presentaron su informe, titulado “Un mundo más seguro: la
responsabilidad que compartimos”. Sus 101 recomendaciones son el conjunto de
propuestas más amplio y coherente para elaborar una respuesta común a las
amenazas comunes que he observado. En el informe se explica y reafirma con
claridad el derecho a la legítima defensa; se indican directrices sobre el
uso de la fuerza para ayudar al Consejo de Seguridad a afrontar de forma más
decisiva y proactiva tanto las atrocidades que se cometen en masa dentro de
un Estado como las “visiones apocalípticas” (como aquellas en que se
combinan el terrorismo y las armas de destrucción en masa); se incluye un
acuerdo sobre una definición de terrorismo (que la comunidad
internacional no había logrado alcanzar hasta ahora) y se formulan
propuestas para prevenir una cadena de actos de proliferación nuclear y
aumentar la seguridad biológica. En el informe también se formulan
abundantes propuestas prácticas para modernizar los órganos de las Naciones
Unidas —incluido el Consejo de Seguridad— y hacer que la Organización sea
más efectiva, particularmente en los ámbitos de la prevención y del
establecimiento de la paz.
Por sobre
todas las cosas, en el informe se describen claramente el carácter
interrelacionado de los fenómenos de nuestra era, en que los destinos de los
pueblos y las amenazas que se les plantean están estrechamente vinculados.
Una amenaza para una nación no sólo es una amenaza para todas, además, no
encarar una amenaza puede minar las defensas que nos protegen de todas las
demás. Un gran atentado terrorista en pleno mundo industrial puede devastar
a la economía mundial, volviendo a sumir a millones de personas en la
pobreza extrema, y el derrumbe de un Estado en la parte más pobre del mundo
puede crear un enorme vacío en nuestra defensa común del terrorismo y de las
enfermedades epidémicas.
Pocos
podrían leer este informe y seguir dudando de que hacer de éste un mundo más
seguro es efectivamente una responsabilidad que compartimos, así como un
interés que compartimos. En el informe se nos dice cómo hacerlo y por qué
hemos de actuar ahora. Se afirma sin rodeos que corresponde a los
dirigentes políticos del mundo dar el próximo paso. Los insto a dar un firme
paso adelante; hay demasiado en juego como para desaprovechar la
oportunidad.
El autor es
el Secretario General de las Naciones Unidas. El texto completo del informe
figura en
