Un concepto más amplio de la
libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos
Resumen
Introducción:
2005, una oportunidad histórica
En septiembre
de 2005, los dirigentes mundiales celebrarán una cumbre en Nueva York para
examinar los progresos realizados desde que se proclamó la Declaración del
Milenio, aprobada por todos los Estados Miembros en el año 2000. El informe
del Secretario General incluye un proyecto de programa que será examinado en
la cumbre con miras a la adopción de medidas. Se trata de decisiones
normativas y de reformas que pueden aplicarse si se consigue movilizar la
voluntad política
necesaria.
Los
acontecimientos que se han producido desde que se proclamó la Declaración
del Milenio exigen que se revitalice el consenso sobre los desafíos y las
prioridades fundamentales y que ese consenso se convierta en acción
colectiva. Para ello debemos guiarnos por las necesidades y las esperanzas
de los pueblos de todo el mundo. El mundo debe promover juntas las causas
del desarrollo, la seguridad y los derechos humanos, porque de otro modo
ninguna de ellas podrá triunfar. La humanidad no podrá tener seguridad sin
desarrollo, no podrá tener desarrollo sin seguridad y no podrá tener ninguna
de las cosas si no se respetan los derechos humanos.
En un mundo de amenazas y oportunidades interconectadas, dar
una respuesta eficaz a todos esos desafíos interesa a todos los países. Por
eso la causa de una libertad más amplia sólo puede promoverse mediante una
cooperación extensa, profunda y sostenida a nivel mundial entre los Estados.
El mundo necesita unos Estados fuertes y capaces, unas relaciones de
colaboración eficaces con la sociedad civil y el sector privado, y unas
instituciones intergubernamentales —de nivel regional y mundial— ágiles y
eficaces que puedan movilizar y coordinar la acción colectiva. Es necesario
reformar las Naciones Unidas en formas que hasta ahora eran inimaginables, y
con una audacia y una rapidez que no se han puesto de manifiesto hasta
ahora.
I. Libertad para vivir sin miseria
En los últimos
25 años se ha contemplado la reducción más espectacular de la pobreza
extrema que jamás haya experimentado el mundo. Sin embargo, docenas de
países se han empobrecido. Más de 1.000 millones de personas todavía viven
con menos de 1 dólar al día. Todos los años 3 millones de personas mueren a
causa del VIH/SIDA y 11 millones de niños mueren antes de cumplir los 5
años.
La de hoy es la primera generación que cuenta con los
recursos y la tecnología para hacer realidad para todos el derecho al
desarrollo y poner a toda la especie humana al abrigo de la necesidad.
Existe una visión común del desarrollo. Los objetivos de desarrollo del
Milenio, que abarcan desde reducir a la mitad la pobreza extrema hasta
lograr que todos los niños acudan a la escuela primaria o detener la
propagación de enfermedades infecciosas como el VIH/SIDA, todo ello antes
del año 2015, se han convertido en criterios mundialmente aceptados de
progreso general, adoptados por igual por los donantes, los países en
desarrollo, la sociedad civil y las principales instituciones dedicadas a
tareas de desarrollo.
Los objetivos
de desarrollo del Milenio pueden cumplirse para 2015, pero sólo si todos los
interesados rompemos con la rutina y aceleramos e intensificamos
espectacularmente nuestra actividad ahora.
En
2005 debe hacerse realidad la “asociación mundial para el desarrollo”, que
constituye uno de los objetivos de desarrollo del Milenio reafirmados en
2002 en la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el
Desarrollo, celebrada en Monterrey (México), y la Cumbre Mundial sobre el
Desarrollo Sostenible, celebrada en Johannesburgo (Sudáfrica). Esa
asociación se basa en la responsabilidad mutua y en la rendición de cuentas:
los países en desarrollo deberán fortalecer la buena gobernanza, luchar
contra la corrupción, promover el crecimiento impulsado por el sector
privado y aumentar al máximo la disponibilidad de recursos internos para
financiar estrategias nacionales de desarrollo, mientras que los países
desarrollados deberán apoyar esos esfuerzos con un aumento de la asistencia
para el desarrollo, una nueva ronda comercial orientada al desarrollo y la
ampliación e intensificación del alivio de la deuda.
Las esferas
prioritarias para la acción en 2005 son las siguientes:
•
Estrategias nacionales: Cada país en desarrollo víctima de una pobreza
extrema debería adoptar y empezar a ejecutar para el año 2006 una estrategia
nacional de desarrollo lo bastante atrevida para alcanzar los objetivos de
desarrollo del Milenio para el año 2015. Toda estrategia debe tener en
cuenta los siete grupos temáticos amplios de las inversiones y políticas
públicas, a saber: la igualdad entre los géneros, el medio ambiente, el
desarrollo rural, el desarrollo urbano, los sistemas de salud, la educación,
y la ciencia, la tecnología y la innovación.
•
Financiación para el desarrollo: La asistencia para el desarrollo en todo el
mundo debería duplicarse, o más, durante los próximos años. Ello no requiere
nuevas promesas de los países donantes, sino el cumplimiento de las promesas
que ya se han hecho. Todos los países desarrollados que todavía no lo hayan
hecho deberían establecer plazos para alcanzar el objetivo del 0,7% del
ingreso nacional bruto para la asistencia oficial para el desarrollo a más
tardar en 2015, y comenzar a hacer aumentos apreciables a más tardar en
2006, con la cifra del 0,5% como meta para 2009. Para aportar un adelanto
inmediato de este volumen aumentado se establecería un mecanismo
internacional de financiación, y a más largo plazo habría que considerar
otras fuentes innovadoras de financiación. El Fondo Mundial de Lucha contra
el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria debe estar bien financiado, y es
necesario proporcionar recursos para la ampliación de una estrategia amplia
de prevención y tratamiento para luchar contra el VIH/SIDA. Estas medidas
deben complementarse con una acción inmediata de apoyo a una serie de
“triunfos rápidos”, es decir, iniciativas relativamente poco costosas de
efectos bien visibles con posibilidad de generar grandes ganancias a corto
plazo y de salvar millones de vidas, como la distribución gratuita de
mosquiteros antipalúdicos.
•
Comercio: La Ronda de Doha de negociaciones comerciales multilaterales
debería cumplir su promesa de desarrollo y terminar en 2006 a más
tardar. Como primer paso, los Estados Miembros deberían proporcionar acceso
a los mercados libre de derechos y de contingentes a todas las exportaciones
de los países menos adelantados.
•
Alivio de la deuda: Habría que redefinir la sostenibilidad de la deuda como
el nivel de la deuda que permite a un país lograr los objetivos de
desarrollo del Milenio y llegar a 2015 sin que aumente la relación de
endeudamiento.
También es
necesario adoptar nuevas medidas para garantizar la sostenibilidad del medio
ambiente. Ahora deben movilizarse los adelantos científicos y las
innovaciones tecnológicas para elaborar instrumentos que permitan mitigar el
cambio climático, y debe preparase un marco internacional más integrador
para estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero después de que
expire el Protocolo de Kyoto en 2012, con una amplia participación de todos
los principales emisores y tanto de los países desarrollados como de los
países en desarrollo. También se requieren medidas concretas en lo que
respecta a la desertificación y la diversidad biológica.
Otras
actividades prioritarias a nivel mundial son el fortalecimiento de
mecanismos para la vigilancia y el control de las enfermedades infecciosas,
un sistema mundial de alerta en caso de desastres naturales, el apoyo a la
ciencia y la tecnología para el desarrollo, el apoyo a la infraestructura e
instituciones regionales, la reforma de las instituciones financieras
internacionales, y una cooperación más eficaz para regular las migraciones
en beneficio de todos.
II. Libertad para vivir sin temor
Si bien los
progresos en materia de desarrollo se ven obstaculizados por dificultades de
ejecución, en lo que respecta a la seguridad, a pesar de que muchos se
sienten ahora más amenazados, el mundo carece del consenso más elemental y
cuando se actúa, esta actuación es muy a menudo objeto de controversia.
El Secretario
General hace plenamente suyo un enfoque general de la seguridad colectiva.
Entre las amenazas a la paz y la seguridad en el siglo XXI figuran no sólo
la guerra y los conflictos internacionales, sino el terrorismo, las armas de
destrucción en masa, la delincuencia organizada y los disturbios civiles.
También se incluyen la pobreza, las enfermedades infecciosas mortales y la
degradación del medio ambiente, ya que también éstas pueden tener
consecuencias catastróficas. Todas estas amenazas pueden ser mortales o
reducir gravemente las posibilidades de vida. Todas ellas pueden socavar a
los Estados como unidades básicas del sistema internacional.
Hoy en día la
seguridad colectiva depende de que se acepte que las amenazas que cada
región del mundo considera más urgentes tienen de hecho la misma urgencia
para todos. Estas no son cuestiones teóricas, sino de vital urgencia.
Las Naciones
Unidas deben transformarse en un instrumento eficaz de prevención de
conflictos, que es la función para la que fueron concebidas, adoptando
medidas acerca de varias prioridades políticas e institucionales
fundamentales:
•
Prevención del terrorismo catastrófico: Los Estados deberían adoptar una
estrategia general contra el terrorismo basada en cinco puntos
fundamentales: convencer a la gente para que no recurra al terrorismo ni lo
apoye; negar a los terroristas el acceso a fondos y materiales; convencer a
los Estados para que no patrocinen el terrorismo; desarrollar la capacidad
de los Estados para derrotar al terrorismo; y defender los derechos humanos.
Deberían concertar un convenio general sobre el terrorismo, acordando una
definición clara de este fenómeno. También deberían ultimar, sin demora, el
convenio internacional para la represión de los actos de terrorismo nuclear.
•
Armas nucleares, químicas y biológicas: Es esencial lograr progresos tanto
en el desarme como en la no proliferación. En cuanto al desarme, los Estados
poseedores de armas nucleares deberían reducir aún más sus arsenales de
armas nucleares no estratégicas e intentar concertar acuerdos de control de
armamentos que entrañen no sólo medidas de desmantelamiento sino la
irreversibilidad de esas medidas, reafirmar también su compromiso de
respetar las garantías negativas de seguridad, y mantener la moratoria de
los ensayos nucleares. En cuanto a la no proliferación, debe reforzarse la
facultad de verificación del Organismo Internacional de Energía Atómica
mediante la adopción universal del Modelo de Protocolo Adicional, y los
Estados deberían comprometerse a ultimar, firmar y aplicar un tratado que
prohíba la producción de material fisionable.
•
Reducir el riesgo y la prevalencia de la guerra: Actualmente, la mitad de
los países que salen de un conflicto armado vuelven a caer en la violencia
en un plazo de menos de cinco años. Los Estados Miembros deberían establecer
una Comisión de Consolidación de la Paz, de carácter intergubernamental, así
como una Oficina de Apoyo a la Consolidación de la Paz, dentro de la
Secretaría de las Naciones Unidas, de manera que el sistema de las Naciones
Unidas pueda afrontar mejor el desafío de ayudar a los países a completar
con éxito la transición de la guerra a la paz. También deberían adoptar
medidas para reforzar la capacidad colectiva de utilizar los instrumentos de
la mediación, las sanciones y el mantenimiento de la paz (incluida una
política de no tolerar en absoluto la explotación sexual de menores y otras
personas vulnerables por miembros de los contingentes de mantenimiento de la
paz, similar a la política adoptada por el Secretario General).
•
Uso de la fuerza: El Consejo de Seguridad debería aprobar una resolución en
que expusiera los principios que han de aplicarse en las decisiones
relativas al uso de la fuerza y expresara su intención de regirse por ellos
al decidir una autorización o un mandato para hacer uso de la fuerza.
Otras
actividades prioritarias a nivel mundial son lograr una cooperación más
eficaz para combatir la delincuencia organizada, prevenir el comercio
ilícito de armas pequeñas y ligeras, y eliminar el flagelo de las minas
terrestres que todavía matan y mutilan a personas inocentes y dificultan el
desarrollo en casi la mitad de los países del mundo.
III.
Libertad para vivir en dignidad
En la
Declaración del Milenio, los Estados Miembros afirmaron que no escatimarían
esfuerzo alguno por promover la democracia y fortalecer el imperio del
derecho y el respeto de todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales internacionalmente reconocidos. De hecho, a lo largo de los
seis últimos decenios, se ha llevado adelante un admirable marco normativo
basado en tratados.
Sin embargo, si no se cumple lo acordado, esas declaraciones
parecen vacías. Si no se pasa a la acción, las promesas carecen de sentido.
Las personas que padecen a causa de crímenes de guerra no hallan consuelo en
las palabras incumplidas de los Convenios de Ginebra. Los tratados por los
que se prohíbe la tortura no sirven para consolar a los prisioneros que
sufren abusos de sus captores, especialmente si los mecanismos
internacionales de derechos humanos permiten que los responsables se
escondan detrás de sus amigos de las altas esferas. Las poblaciones cansadas
de guerra caen en la desesperación cuando, aunque se haya firmado un tratado
de paz, apenas se progresa hacia el logro de un gobierno respetuoso del
Estado de derecho. Las solemnes promesas de fortalecer la democracia siguen
siendo palabras vacías para quienes nunca han votado a sus dirigentes ni ven
señal alguna de que estén cambiando las cosas.
Por
consiguiente, el marco normativo que se ha impulsado de modo tan meritorio
en los seis últimos decenios debe ser fortalecido. Más importante aún es que
se adopten medidas concretas para reducir la tendencia a la aplicación
selectiva, el control arbitrario del cumplimiento y el quebrantamiento sin
consecuencias de ese marco. El mundo debe pasar de una era de legislación a
una era de cumplimiento.
Es
necesario adoptar medidas en los siguientes ámbitos prioritarios:
•
Estado de derecho: La comunidad internacional debe asumir la
“responsabilidad de proteger”, como base de la acción colectiva contra el
genocidio, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. Todos los
tratados relativos a la protección de los civiles deben ser ratificados y
aplicados. Deben adoptarse medidas para reforzar la cooperación con la Corte
Penal Internacional y los demás tribunales internacionales o mixtos sobre
crímenes de guerra, y para fortalecer la Corte Internacional de Justicia. El
Secretario General también se propone fortalecer la capacidad de la
Secretaría para prestar asistencia a las iniciativas nacionales para
restablecer el Estado de derecho en sociedades que atraviesen o hayan
atravesado por un conflicto.
•
Derechos humanos: La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos
debe ser reforzada con más recursos y personal y debe desempeñar un papel
más activo en las deliberaciones del Consejo de Seguridad y de la propuesta
Comisión de Consolidación de la Paz. Los órganos creados en virtud de
tratados de derechos humanos del sistema de las Naciones Unidas también
deben hacerse más eficaces y receptivos.
•
Democracia: Debe crearse un Fondo para la Democracia en las Naciones Unidas
con objeto de prestar asistencia a los países que intenten establecer o
fortalecer su democracia.
IV. Fortalecimiento de las Naciones Unidas
Aunque los
propósitos deben ser firmes y constantes, la práctica y la organización
deben progresar al ritmo de los tiempos. Para poder representar un
instrumento útil que sirva a sus Estados Miembros y a los pueblos del mundo
para responder a los desafíos descritos en tres partes anteriores, las
Naciones Unidas deben adaptarse plenamente a las necesidades y las
circunstancias del siglo XXI.
Desde 1997, se
han conseguido logros importantes en la reforma de las estructuras internas
y la cultura de las Naciones Unidas. Sin embargo, todavía es necesario hacer
muchos más cambios, tanto en la parte ejecutiva —la Secretaría y el sistema
de las Naciones Unidas en su sentido más amplio— como en los órganos
intergubernamentales de las Naciones Unidas:
•
Asamblea General: La Asamblea General debe adoptar medidas decididas para
racionalizar su labor y agilizar el proceso de deliberación. Debe dirigir
su atención a las principales cuestiones sustantivas del momento, y
establecer mecanismos para comprometerse plena y sistemáticamente con la
sociedad civil.
•
Consejo de Seguridad: El Consejo de Seguridad debe ser ampliamente
representativo de las realidades del poder en el mundo actual. El Secretario
General apoya los principios de reforma enunciados en el informe del Grupo
de alto nivel, e insta a los Estados Miembros a que estudien las dos
posibilidades, modelos A y B, que se presentaron en ese informe, o todas las
demás propuestas viables en lo que respecta al número de miembros y el
equilibrio que se hayan formulado sobre la base de uno u otro modelo. Los
Estados Miembros deberían acordar la adopción de una decisión sobre esta
importante cuestión antes de la celebración de la cumbre de septiembre de
2005.
•
Consejo Económico y Social: El Consejo Económico y Social debe ser reformado
para que pueda evaluar eficazmente los logros conseguidos en los planes de
desarrollo de las Naciones Unidas, servir de foro de alto nivel sobre la
cooperación para el desarrollo y proporcionar orientación para las
actividades de los distintos órganos intergubernamentales que intervienen en
las esferas económica y social en todo el sistema de las Naciones Unidas.
• Consejo de Derechos Humanos propuesto: La
Comisión de Derechos Humanos sufre una disminución de su credibilidad y su
profesionalidad, por lo que necesita una importante reforma. Debe ser
sustituida por un Consejo de Derechos Humanos permanente con una composición
más reducida, como órgano principal de las Naciones Unidas o subsidiario de
la Asamblea General, cuyos miembros serían elegidos directamente por la
Asamblea General por el voto de una mayoría de dos tercios de los miembros
presentes y votantes.
• La Secretaría: El Secretario General adoptará medidas para
adecuar la estructura de la Secretaría a las prioridades expuestas en el
informe y creará un mecanismo decisorio en forma de gabinete. Pide a los
Estados Miembros que le confieran la autoridad y los recursos necesarios
para ofrecer al personal una gratificación por retiro voluntario a título
excepcional, a fin de renovar y reasignar al personal para atender las
necesidades actuales, cooperar en un examen exhaustivo de las normas
relativas al presupuesto y los recursos humanos y encargar la realización de
un examen exhaustivo de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna con
miras a fortalecer su independencia y su autoridad.
Otras prioridades son la creación de un mayor grado de
coherencia del sistema fortaleciendo las funciones de los coordinadores
residentes, dotar al sistema de respuesta humanitaria de acuerdos de reserva
más eficaces, y garantizar una mejor protección de los desplazados internos.
Debe prestarse un mayor apoyo a las organizaciones regionales, especialmente
la Unión Africana. La Carta misma también debería actualizarse para abolir
las referencias a los Estados “enemigos”, el Consejo de Administración
Fiduciaria y el Comité de Estado Mayor, todos los cuales son anacrónicos.
Conclusión:
una oportunidad y un desafío
Corresponde a la comunidad mundial decidir si este momento de incertidumbre
es presagio de conflictos más generalizados, desigualdades más profundas y
la erosión del Estado de derecho o si, por el contrario, puede aprovecharse
para renovar nuestras instituciones en pro de la paz, la prosperidad y los
derechos humanos. Ha llegado el momento de pasar a la acción. En el anexo
del informe se enumeran algunos temas específicos para su examen por los
Jefes de Estado y de Gobierno. Es posible y está a nuestro alcance actuar al
respecto. De unos inicios pragmáticos podría surgir un cambio de rumbo para
nuestro mundo con visión de futuro.