Documento de antecedentes

Poner fin a la impunidad de la violencia contra las mujeres y las niñas

Cada vez se reconoce más que la violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo uno de los desafíos más graves e imperiosos de nuestros tiempos. En todas partes del mundo, sus consecuencias reales y perjudiciales para las mujeres y las niñas constituyen impedimentos para el logro de la igualdad de género, el desarrollo y la paz. Juntas, la comunidad y la sociedad civil internacionales han llegado a la conclusión de que no existen circunstancias que justifiquen la violencia contra las mujeres y las niñas: es siempre una violación de sus derechos humanos, es siempre un delito y es siempre inaceptable.

Con demasiada frecuencia los autores de la violencia contra las mujeres y las niñas no son castigados. Esta impunidad, considerada por muchos tan común y tan inaceptable como la violencia misma, es uno de los elementos clave que perpetúan esa violencia y discriminación. En tanto la sociedad acepte y tolere la impunidad de la violencia contra las mujeres y las niñas, también seguirá aceptando y tolerando los actos de violencia.

Sin embargo, a pesar de que se es cada vez más conciente de la magnitud del problema de la violencia contra las mujeres y las niñas, sus dimensiones, formas, consecuencias y costos, tanto para los individuos como para la sociedad en su conjunto, todavía no se ha materializado la voluntad política de poner fin a la cultura de la impunidad y de evitar y afrontar la violencia contra las mujeres y las niñas.

El derecho a una vida sin violencia 

El reconocimiento específico del derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia es relativamente reciente. Históricamente, la lucha de las mujeres contra la violencia, incluida la impunidad que suele proteger a quienes la cometen, ha guardado estrecha relación con su lucha por superar la discriminación. A medida que se fueron elaborando normas para prevenir, castigar y erradicar la violencia contra la mujer, también se realizaron muchos progresos en las normas mundiales dentro del propio sistema de las Naciones Unidas.

Con arreglo a lo establecido en numerosos acuerdos internacionales, los Estados tienen la obligación reconocida de respetar, proteger, promover y satisfacer los derechos humanos. El hecho fundamental de reconocer que los derechos de la mujer son derechos humanos extendió la responsabilidad del Estado de proteger a las mujeres y las niñas de la violencia contra ellas, que constituye un acto de discriminación y una violación de sus derechos humanos. Por consiguiente, las mujeres y las niñas tienen derecho a una vida libre de violencia.

La violencia contra las mujeres y las niñas tiene sus raíces en la desigualdad y la discriminación contra ellas, tanto en la esfera privada como en la pública. En las principales conferencias celebradas en 1975, 1980, 1985 y 1995, las Naciones Unidas reunieron a las naciones del mundo a efectos de examinar estrategias y políticas para lograr la igualdad para las mujeres y las niñas, y para poner fin a la violencia contra ellas. En la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de las Naciones Unidas aprobada por las Naciones Unidas en 1993, la violencia contra la mujer se define como “... una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre ...”. Ese mismo año, en la Declaración y el Programa de Acción de Viena se afirmaba la universalidad de los derechos de la mujer como derechos humanos y se instaba a la eliminación de la violencia por motivos de género. 

Estos procesos desembocaron en la aprobación de la Plataforma de Acción de Beijing, que constituye un plan mundial para lograr la igualdad de género. La Plataforma de Beijing reitera que la violencia contra las mujeres y las niñas constituye una violación de sus derechos humanos y les impide gozar plenamente de sus libertades fundamentales. Una de las estrategias principales de la Plataforma es movilizar a los gobiernos nacionales y locales, así como a la sociedad civil, para poner fin a la impunidad.

 En el marco de las Naciones Unidas, los gobiernos siguen prestando atención a la cuestión de la violencia contra las mujeres y las niñas. La resolución 1325 del Consejo de Seguridad sobre la mujer, la paz y la seguridad, aprobada en el año 2000, colocó la cuestión de la violencia sexual y la violencia por razón de género en los conflictos armados y después de ellos, y la importancia de proteger a las mujeres y las niñas en esas circunstancias, en el centro del debate mundial sobre la paz y la seguridad.

Los líderes mundiales reunidos en la Cumbre Mundial 2005 reafirmaron su convicción de que el progreso de la mujer es el progreso de todos, y reconocieron la importancia de eliminar todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas, incluida la impunidad. 

Estos marcos internacionales jurídicos y normativos, así como los marcos regionales y nacionales conexos, reafirman que la violencia contra las mujeres y las niñas constituye una violación de sus derechos humanos, cuya raíz se encuentra en la discriminación. Estos marcos proporcionan una base sólida, con instrumentos para que los Estados protejan los derechos de la mujer y de la niña y erradiquen no sólo la violencia sino también la discriminación en que se basa. Además, reafirman que los Estados tienen el deber de prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas, investigar los actos cuando ocurran, enjuiciar y castigar a quienes los cometan y ofrecer compensaciones a las víctimas.

 Impunidad: el desafío de cómo romper el ciclo

 La aceptación de la violencia contra las mujeres y las niñas, ya sea explícita o tácitamente, crea una cultura de impunidad que perpetúa esa violencia. Un Estado que no hace responsables a los autores de la violencia contribuye a la cultura de la impunidad en que se niega justicia y se profundizan las raíces de la desigualdad de género. Los abusos continúan, la violencia contra las mujeres y las niñas se normaliza y se acepta, y se refuerza la desigualdad, lo que crea un ciclo vicioso.

 Las leyes y políticas discriminatorias son uno de los factores que contribuyen a la cultura de la impunidad. Algunas leyes no tipifican como delitos plenos todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Algunas definiciones de violación se basan en el uso de la fuerza y no en la falta de consentimiento de la víctima. La violación puede considerarse aceptable en el marco del matrimonio y las normas en materia de violencia doméstica pueden ser demasiado restrictivas y referirse sólo a la violencia física.

Las normas que consideran la violencia sexual como un delito contra la familia o contra el pudor en vez de violaciones del derecho de la mujer a la integridad física también contribuyen a la cultura de la impunidad. Las condenas de los autores de violencia sexual pueden verse reducidas por motivos que nada tienen que ver con la protección de los derechos de la mujer o de su integridad física. Un violador que acepte casarse con su víctima puede ser tratado con indulgencia. Un familiar culpable de violencia, incluso homicidio, también puede ser tratado con indulgencia si el homicidio fue cometido en nombre del “honor”. Los Estados también pueden contribuir a la impunidad si no hacen cumplir las normas, aunque éstas sean apropiadas.

Para cumplir plenamente su obligación de proteger los derechos de las mujeres y las niñas, los Estados no deben limitarse a promulgar leyes que tipifiquen todas las formas de violencia contra la mujer. Deben hacer más que hacer cumplir esas leyes. Para que las nuevas normas cobren vida, los Estados deben afrontar directamente las actitudes y los prejuicios que promueven la cultura de la impunidad.

Varios Estados han logrado progresos significativos en su labor por prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas, así como por responder a ella, y su labor ha permitido determinar prácticas buenas y promisorias. Entre ellas, cabe mencionar la aplicación de políticas y leyes claras con mecanismos de cumplimiento fuertes, y la colaboración estrecha con la sociedad en su conjunto para establecer procesos eficaces que trasciendan todos los sectores de gobernanza. Los planes de acción nacionales que parecen funcionar mejor abarcan un conjunto extenso de medidas y agentes, desde establecer reformas jurídicas y estrategias de prevención, como hacer que la educación sea más accesible a las niñas y lograr el apoyo de los hombres y los niños, hasta asegurar un cumplimiento de la ley y tribunales más seguros y equitativos, así como servicios de apoyo a las víctimas de mayor calidad.

Lograr una justicia segura y accesible

Ha surgido consenso internacional con respecto a cómo encarar mejor la violencia contra la mujer y la niña, tal como se refleja en los instrumentos y acuerdos que componen el marco jurídico y normativo actual. No se puede poner fin a la impunidad de la violencia contra la mujer y la niña hasta que las víctimas no tengan más acceso a la justicia, y el proceso de reclamar justicia sea más seguro. Los Estados deben adoptar medidas para proteger a las víctimas y resguardar su intimidad, cuando denuncian actos de violencia y durante los procedimientos judiciales. También deberían adoptar medidas para facilitar el enjuiciamiento de los delitos de violencia doméstica. Por último, los culpables de delitos sexuales deben recibir los castigos apropiados.

Los procesos de investigación y denuncia, incluidas las reglas de procedimiento y pruebas, deben ser de carácter no discriminatorio, y se debería proporcionar asistencia financiera a quienes la soliciten para obtener representación jurídica. Todos los interesados, incluidas las propias mujeres y niñas, deberían recibir educación sobre su derecho a no ser víctimas de violencia y discriminación.

Deberían existir servicios de apoyo coordinados, de diversos sectores, como líneas directas, refugios y centros de crisis, incluidos centros de apoyo a las víctimas con servicios médicos y psicológicos, y esos servicios deberían recibir los recursos adecuados.

Las actitudes también deben cambiar. Las campañas para crear conciencia pueden incrementar la sensibilidad del público sobre las vulnerabilidades de la mujer y la niña frente a la violencia. Los debates públicos sobre la violencia, especialmente con hombres y niños, pueden ayudar a promover el reconocimiento de que la violencia es una violación de los derechos de la mujer y la niña. Este reconocimiento puede llevar a un compromiso más amplio para asegurar que la responsabilidad frente a la violencia contra la mujer reciba atención prioritaria y se ponga fin a la impunidad.

Se necesitan medidas en todo los niveles, de todos los sectores

A pesar de las numerosas iniciativas emprendidas por los Estados, los organismos y organizaciones de las Naciones Unidas y la sociedad civil, la lucha contra la violencia y la impunidad sobre el terreno no ha avanzado lo suficiente ni ha sido consistente en todo el mundo. La violencia contra las mujeres y las niñas no puede eliminarse si no se dispone de los recursos adecuados ni existe la voluntad política de lograr un cambio. La eliminación de la violencia debe considerarse una prioridad en todos los niveles – local, nacional, regional e internacional – y el compromiso debe demostrarse en los niveles más altos por medio de recursos adecuados y esfuerzos decididos.

La eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas no es responsabilidad únicamente del Estado sino que se extiende a todos. Hará falta tomar medidas urgentes, en todos los niveles, colectiva e individualmente, para asegurar la igualdad de género de las mujeres y las niñas, y para poner fin a la autocomplacencia que suele acompañar esta violencia en la esfera privada y que permiten considerarla socialmente aceptable o inevitable. Es necesario apoyar y mantener un entorno político y social en que no se tolere la violencia contra la mujer y la niña, un entorno en que los amigos, los familiares y los vecinos, hombres y mujeres juntos, intervengan para asegurar que ningún culpable quede sin castigar.

La violencia sexual se convierte en un crimen de guerra

Dos tribunales establecidos después de casos de horrenda violencia étnica, a saber, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Internacional para Rwanda, han reconocido que la violencia sexual, incluida la violación, son actos de tortura y crímenes de lesa humanidad. El Tribunal Internacional para Rwanda reconoció concretamente que los “actos de violencia sexual no se limitan a la penetración física en el cuerpo humano y pueden comportar actos que no consistan en la penetración o siquiera el contacto físico”.

El Tribunal Especial para Sierra Leona ha enjuiciado a personas por matrimonios forzados. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional establece su competencia respecto de los delitos de violencia sexual como violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado y esterilización forzada como crímenes de lesa humanidad cuando se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil.

Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer realizado por el Secretario General de las Naciones Unidas

A pedido de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Secretario General de las Naciones Unidas realizó un estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer. Presentado a la Asamblea en octubre de 2006, el estudio examina las causas y consecuencias de la violencia contra la mujer, evalúa sos costos, identifica las lagunas y problemas en la reunión de datos útiles y examina la eficacia de distintas metodologías para evaluar la prevalencia de distintas formas de violencia. El informe también impone a los Estados la responsabilidad concreta de abordar y prevenir la violencia contra la mujer y presenta un plan para que todos los interesados, incluidos los Estados a nivel nacional y los organismos intergubernamentales y las entidades de las Naciones Unidas en los niveles regional e internacional, adopten medidas para realizar progresos mensurables en la prevención y eliminación de la violencia contra la mujer.

En diciembre de 2006, la Asamblea General se basó en las recomendaciones del estudio para aprobar una resolución amplia sobre la intensificación de los esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer. En la resolución se insta a los Estados Miembros a adoptar medidas, en distintos planos, para abordar y eliminar todas las formas de violencia contra la mujer, y se insta a los órganos del sistema de las Naciones Unidas a que coordinen mejor e intensifiquen sus iniciativas a este respecto. Para más información, sírvase consultar: http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw.

Estudio de caso: el plan de Liberia para combatir la violencia contra la mujer

Tras un conflicto de más de diez años de duración en que las mujeres y las niñas fueron víctimas de altos niveles de violencia, sobre todo violencia sexual, Liberia ha elaborado un plan de acción nacional para luchar contra la violencia por motivos de género que establece objetivos para prevenir esta violencia y mejorar la disponibilidad de servicios apropiados para las supervivientes. En colaboración con otros interesados, el Gobierno ha establecido estrategias para hacer frente a los desafíos fundamentales, e indicadores para evaluar las consecuencias de la violencia contra las mujeres y las niñas, y supervisar los resultados de los programas. Los objetivos del plan consisten, entre otros, en: el empoderamiento económico, la creación de capacidad para quienes prestan atención de salud, el fortalecimiento del sistema de justicia penal, y el desarrollo de un sistema integrado de protección nacional para prevenir la violencia y responder a ella.

Convenios y convenciones en materia de derechos humanos

El derecho de la mujer y de la niña a una vida libre de violencia está consagrado en distintos tratados de derechos humanos. Con arreglo a ellos, las mujeres y las niñas tienen derecho, entre otra cosas, a la vida, la libertad y la seguridad de su persona; a no ser sometidas a tortura, ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; a no ser víctimas de esclavitud y servidumbre; a igual protección ante la ley; a igualdad en el matrimonio y las relaciones familiares; a condiciones de vida adecuadas; a condiciones de trabajo justas y favorables y al más alto nivel posible de salud física y mental. La lista de tratados y acuerdos internacionales relativos a los derechos de la mujer pueden consultarse en línea en la siguiente dirección: http://www.un.org/spanish/events/women/iwd/2007/

Iniciativa de las Naciones Unidas contra la violencia sexual en los conflictos

Una nueva iniciativa en que participan varios organismos y oficinas de las Naciones Unidas está tratando de disminuir el uso de la violencia sexual como arma de guerra. Mediante esta iniciativa las Naciones Unidas colaborarán con los gobiernos nacionales y las organizaciones no gubernamentales asociadas para aumentar la conciencia pública respecto de la violencia sexual como arma de guerra y para encontrar formas de prevenirla, poner fin a la impunidad de sus autores y mejorar los servicios para los supervivientes. Otro de sus objetivos es contrarrestar los efectos a largo plazo de la violencia sexual en las comunidades y el desarrollo social. Para más información sírvase consultar: www.stoprapenow.org.

Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas en apoyo de las medidas para poner fin a la violencia contra la mujer

En 1996, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció un fondo fiduciario multinacional para prestar apoyo a los esfuerzos realizados a nivel local, nacional y regional para combatir la violencia contra la mujer. Administrado por el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas empezó a funcionar en 1967 y en diez años de existencia este mecanismo de financiación multilateral ha distribuido casi 13 millones de dólares de los Estados Unidos a 226 programas en más de 100 países. Para más información, sírvase consultar: www.unifem.org/campaigns/trust_fund_10th_anniversary.

La campaña del lazo blanco:

Los hombres trabajan para poner fin a la violencia contra la mujer

En lo que es hoy la iniciativa masculina más importante a nivel mundial para poner fin a la violencia por motivos de género contra las mujeres y las niñas, el lazo blanco simboliza la promesa del hombre de no utilizar ni perdonar nunca la violencia contra una mujer o una niña, ni permanecer callado ante ella. La campaña del lazo blanco, que inicialmente consistía en una semana de actividades de concienciación al año, incluye ahora actividades a lo largo de todo el año en más de 55 países, en cada continente.

La campaña tuvo su origen como respuesta a un delito por motivo de género particularmente atroz que despertó la conciencia colectiva del país a la cuestión de la violencia contra la mujer. El 6 de diciembre de 1989, 14 mujeres de la École Polytechnique de Montreal fueron asesinadas a sangre fría por ser mujeres. El símbolo del lazo blanco nació en 1991, poco antes del segundo aniversario del delito. Tres hombres de Toronto se sintieron obligados a actuar para poner fin a la violencia por motivo de género e hicieron declaraciones respecto del papel que les correspondía como hombres y de su responsabilidad colectiva. El primer año, casi 100.000 hombres se pusieron un lazo blanco, y miles reflexionaron sobre la cuestión por primera vez.

La campaña ha crecido exponencialmente en sus cinco años de existencia. Hoy día, en todo el mundo, se centra en determinar las cuestiones normativas, educar a los hombres y a los niños, concienciar a la opinión pública y cuestionar directamente a los hombres con respecto a sus acciones, ideas y creencias. Para más información sírvase consultar: www.whiteribbon.com

Centros integrales

Los centros integrales, establecidos por primera vez en Malasia, sirven como modelo para proporcionar a las víctimas y las supervivientes de violencia doméstica múltiples servicios en una sola localidad. Después de recibir tratamiento médico, la víctima-superviviente recibe asesoramiento. Si el hecho de regresar a su hogar implica peligro para la víctima, se hacen otros arreglos, como admitirla en un refugio de emergencia o un hospital. Se alienta a las víctimas-pacientes a presentar una denuncia a la policía y, más adelante, a realizar un seguimiento ante los servicios adecuados. En los casos de heridas graves, la policía puede tomar la declaración de la paciente en el entorno médico a efectos de poder iniciar la investigación. Este modelo está siendo utilizado en gran parte de Asia, así como en otros países, en particular Sudáfrica.

Publicado por el Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas – DPI/2451 - marzo de 2007